Cuando hablamos del derecho a la salud, es importante entenderlo como un concepto amplio, no reducido sólo a la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esto significa que acceder a la salud no sólo implica recibir atención médica, sino también contar con condiciones de vida adecuadas, como una buena alimentación, acceso a medicamentos, transporte, apoyo familiar y contención social.
Para las personas con afecciones neurológicas, esta visión integral es fundamental. La falta de acceso a un tratamiento adecuado impacta directamente en su calidad de vida. No se trata sólo de la disponibilidad de turnos o profesionales capacitados, sino también de garantizar que puedan costear sus medicamentos, recibir apoyo en su entorno y disponer de una infraestructura accesible para atender sus necesidades diarias.
Acceso y barreras en el sistema de salud
En Argentina, el derecho a la salud está garantizado por la Constitución y diversos marcos normativos. Existen diferentes tipos de cobertura: obra social, medicina prepaga y salud pública. Sin embargo, muchas veces los pacientes encuentran trabas burocráticas y dificultades para acceder a los tratamientos que necesitan.
Uno de los principales problemas es la falta de adherencia a los tratamientos, que no siempre se debe a la voluntad del paciente. Las demoras en la entrega de medicamentos, la dificultad para obtener turnos con especialistas y la falta de información clara sobre sus derechos son barreras constantes. Además, factores socioeconómicos, como la falta de vivienda o empleo, también inciden en el acceso a la salud y en el bienestar general de la persona.
Programas y recursos disponibles
A nivel legislativo, existen leyes que regulan los derechos de los pacientes y establecen la obligatoriedad de una atención digna y accesible. Sin embargo, en la práctica, los programas de asistencia específicos para personas con afecciones neurológicas son escasos. Existen algunas iniciativas a nivel provincial y municipal, pero no hay un programa nacional integral que brinde cobertura universal.
Las organizaciones de la sociedad civil, como ONG y asociaciones de pacientes, juegan un rol clave en el acceso a tratamientos y en la difusión de información. Muchas veces, son estas redes las que logran conectar a los pacientes con médicos, laboratorios y recursos que el Estado no siempre provee de manera efectiva.
¿Qué hacer ante la imposibilidad en acceder a un tratamiento o prestación?
Si una persona no recibe la atención profesional o a los medicamentos que necesita, puede iniciar un reclamo administrativo ante la obra social o prepaga correspondiente. En caso de que no haya respuesta, se puede acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud o a organismos de defensa del consumidor. Si todas estas instancias fallan, se puede presentar un recurso de amparo, una herramienta legal que obliga a la institución responsable a garantizar el tratamiento.
El derecho a la salud no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Conocer las leyes vigentes y las herramientas disponibles es clave para que las personas con afecciones neurológicas y sus familias puedan acceder a una atención de calidad, sin restricciones injustificadas. El Estado, los profesionales de la salud y la sociedad en su conjunto deben trabajar para garantizar un sistema de salud inclusivo y efectivo para todos.
Lic. Carla Delosanto
Dto. de Trabajo Social
MP 7057
